domingo, 21 de septiembre de 2008

La garrafa social costará 16 pesos

País
Anuncio del Gobierno
Nuevas tarifas
Nuevas tarifas

Desde el Ministerio de Planificación Federal se informó que además se desarrollarán nuevas obras de infraestructura.

El Gobierno anunció un plan que permitirá mantener el precio de la garrafa de 10 kilos en 16 pesos, y brindar 3.000 millones de pesos para el desarrollo de nuevas obras. "Esta es una medida que apunta a la redistribución del ingreso", destacó el ministro de Planificación, Julio de Vido, durante un acto celebrado ayer en el Palacio de Hacienda, y del cual participaron gobernadores, intendentes, empresarios y sindicalistas del sector.

La medida fue adoptada en el marco de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de segmentación para garantizar que el esfuerzo no recaiga sobre los que menos tienen. El acuerdo estipula que a partir del primero de octubre, la garrafa de 10 kilogramos, la que utilizan casi 12 millones de habitantes, pasará a costar 16 pesos, la de 15 kilos 20 pesos y la de 25 kilos costará 25 pesos. El acuerdo alcanzado con las empresas implica también un aumento en septiembre de entre el 10 y 30 por ciento en las tarifas domiciliarias de consumos altos.

El Gobierno considera a quienes utilizan garrafas como usuarios de un servicio público por lo que con esta segmentación se avanzará en su progresiva incorporación a la red de gas nacional. "Con esto se benefician directamente mas de 3 millones de hogares que carecen de gas por red. Son los hogares de menores ingresos", en especial, en las provincias del norte argentino, señaló el Ministro. Para conseguir la garrafa a 16 pesos "debe haber un fuerte contenido municipal para el control efectivo del cumplimiento" del precio, destacó De Vido, quien agradeció el apoyo de los intendentes.

La secretaría de Energía habilitó una línea 0-800-333-4444 en la órbita del Enargas para que los usuarios hagan llegar sus inquietudes sobre este tema. Quedan exceptuados aquellos hogares de consumos bajos, que tienen una cocina, un calefón, y una estufa, "alrededor del 52 por ciento de los hogares del país", destacó el ministro. Los hogares de consumos medios, alrededor del 32 por ciento, recibirán aumentos de entre el 10 y 20 por ciento, y el 16 por ciento restante, de altos consumos, de entre el 25 y 30 por ciento.

También aumentará 10 por ciento desde septiembre la tarifa de gas en los comercios, incremento que oscilará entre el 10 y el 15 para el caso de la industria. A pesar de este incremento, las tarifas industriales seguirán estando entre las más bajas del cono sur, destacó el funcionario.

Además, a partir del primero de octubre aumentará un 10 por ciento el GNC que utilizan autos y camiones. Con el excedente se financiará un plan de obras por 3.000 millones de pesos que tendrá como objetivo facilitar el acceso al servicio de gas natural a aquellos que hoy no lo tienen, reemplazar redes y brindar mayor seguridad en las instalaciones, y colocar mas de un millón de medidores residenciales.

Participaron del acto gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, de San Juan, José Luis Gioja, de Formosa, Gildo Insfrán, el titular de la Federación de Municipios, Julio Pereyra, y el secretario de Energía, Daniel Cámeron. De Vido destacó que este acuerdo fue producto "de casi 60 días de duras negociaciones,", tiempo en el cual "no hubo operaciones de prensa, y cada uno defendió lo suyo, pero pensando en llegar a esta solución". Afirmó que rubricaron este programa "el 90 por ciento de los actores" que componen el sector, entre empresas productoras, transportadoras, fraccionadoras, y sindicatos. Pero también "invitamos a todos aquellos que no hayan podido firmar el acuerdo a que lo suscriban, porque no queremos hacer diferencias entre empresas grandes o chicas, y porque queremos que esté la totalidad", de los sectores

“Quien tiene trabajadores en negro es un delincuente”

Miradas al Sur
Héctor Recalde
Recalde denunció la vigencia del trabajo en negro.
Recalde denunció la vigencia del trabajo en negro.
21-09-2008 / El diputado nacional y asesor de la CGT arremete contra los empresarios evasores. “Estamos dispuestos a darles la excarcelación, pero que paguen”, dice. explica que después de la derogación de la 125, el gobierno retomó la iniciativa: “seguimos en la misma dirección”.
Por Eduardo Anguita y Sebastián Feijoó
politica@miradasalsur.com

El Estudio Recalde brilla por su austeridad. Respeta la cercanía a Tribunales que exige el protocolo, pero elude cualquier pompa u ostentación. Eso sí: las paredes hablan. Hasta el más incauto de los visitantes encontrará algunas pistas para desentrañar el largo recorrido profesional y político de Héctor Recalde. El diploma que lo habilita como abogado, certificados de posgrados varios, reconocimientos y una serie de fotos junto a figuras del porte de Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Hugo Moyano, entre otros, testimonian buena parte de su vida y convicciones.

Pero el objeto más revelador que Recalde tiene en su estudio es una vieja boletera de colectivo. Sí, una de aquellas maquinarias que guardaban tantos rollos de boletos como secciones de recorrido tuviera la línea. Ese objeto al que el paso del tiempo venció y al mismo tiempo otorgó valor de reliquia, guarda un mensaje. “Era de mi padre. Fue colectivero por muchos años en una línea que hoy es la 168. Nosotros vivíamos en Lacroze y Freire, y él pasaba por la puerta de casa. De chico muchas veces lo acompañaba en el recorrido”, rememora. El relato resuena muy parecido a la película Una luz en el Infierno (A Bronx tale). Recalde asiente: “Sí, claro. La de Robert De Niro y Chazz Palminteri”.

Hoy Recalde es diputado por el Frente para la Victoria, titular de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso y asesor legal de la CGT. En una misma persona confluyen espacios neurálgicos del mapa político de la Argentina. Recalde asume la parada con la responsabilidad y el compromiso que exige, pero sin olvidar un buen humor con el que siempre sazona su relato. “Y... si no ponemos un poco de humor...”, otorga cómplice.

–¿Después del naufragio de la resolución 125 comenzó otra etapa para el Gobierno?

–Definitivamente. Repasemos lo sucedido. Yo estuve investigando y lo que pasó en el Senado argentino no se vio en ningún país del mundo. En Diputados el oficialismo ganó por siete votos, en el Senado empató y desempató el Poder Ejecutivo en contra del Poder Ejecutivo. Esa es una síntesis objetiva. Fue realmente insólito. Los argentinos somos únicos: en el fútbol y en esto que pasó en el Senado. Por eso digo que empezó una nueva etapa, pero este proceso tuvo varias.

–¿Cuáles?

–La primera etapa la afronta Néstor Kirchner. Es un período de trabajo grueso. De poner las cosas en orden para poder gobernar y cumplir algunos sueños y convicciones profundas. Poner en marcha el país, estimular la producción, echar a rodar políticas pensando en los que menos tienen, etcétera. Kirchner hizo una revolución silenciosa. Cuando en el 2003 se hablaba de un aumento de 200 pesos no remunerativo, él contrarió a los empresarios y por decreto los hizo remunerativos y que se incluyera en el básico. Eso empujó todos los sueldos hacia arriba. Esa etapa concluyó el 10 de diciembre de 2007. Cristina Fernández de Kirchner llega con dos ejes fundamentales: calidad institucional y redistribución de la riqueza. Pero no le dieron respiro. No le dieron el handicap del que todo Gobierno nuevo disfruta.

–¿A qué se refiere?

–A los dos días aparece la valija de Antonini Wilson. Y con ella una construcción judicial/política de una clara intencionalidad. En pocas semanas estallan los reclamos de los productores agropecuarios. La frescura desaparece. Hubo cosas que no ayudaron. Esto lo digo con el más profundo respeto a las personas, pero continuar con el mismo Gabinete produce una captación del cansancio. Siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, que la primera alegría al gobierno de Cristina se la di yo con la denuncia por el intento de soborno contra la Ley de Tickets. El gobierno de Cristina Fernández no gozó del oxígeno que suelen tener los nuevos gobiernos.

–¿Qué lectura hace de lo que se llamó el conflicto del campo?

–Se trató de un sector que no sólo reclamaba por derechos económicos sino que quería condicionar lo que había votado el pueblo argentino. Lo más grave es que ese sector sigue al acecho. Los grandes perdedores de esta pulseada fueron los pequeños y medianos productores, que con la ley impulsada por el Ejecutivo iban a gozar de menos retenciones e importantes ventajas. El accionar de (Eduardo) Buzzi y (Alfredo) De Angeli sólo favoreció a los grandes productores y a las exportadoras. Algún día tendrán que hacerse cargo y dar cuenta de eso. Ellos fueron responsables directos de la profundización del proceso inflacionario.

–¿Qué tan importante es el Indec para una política inflacionaria eficaz y qué cambios habría que hacer?

–Yo creo que hay que recuperar la credibilidad del Indec. Pero ojo: hay muchos intereses cruzados que golpean contra el organismo y cada uno opera a favor de sus propios beneficios. Tampoco creo en la mayoría de los vaticinios privados sobre el porcentaje de aumento de los precios. El problema es la inflación, no el Indec.

–¿El Gobierno actúa en consecuencia?

–El Gobierno tiene especial preocupación por la inflación. El Ejecutivo impulsó el acuerdo del Bicentenario que procuró un consenso amplio con los diferentes actores económicos, y uno de los objetivos era contener la inflación. Lamentablemente, el ataque de las entidades agropecuarias lo complicó. Pero yo tengo bien estudiado el tema de la inflación. Estamos viviendo una inflación empujada por muchas empresas que procuran aumentar ganancias. A veces la avidez oculta la inteligencia. La rentabilidad promedio de las empresas durante el 2007 fue del orden de 20 por ciento. En EE.UU. fue de 8 por ciento y en Alemania del 3. Pero las empresas de acá generan inflación y rehúyen de las actualizaciones salariales. No jodamos.

–¿Cómo se actúa contra esa avidez?

–Hay que establecer un límite a la rentabilidad. Podría ser a través de una política de precios concertada o vía impuestos para que ese excedente retorne a los sectores más postergados. Tengo un proyecto de ley al respecto. En este caso utilizo una expresión para anticiparme a la respuesta de los sectores económicos. Esta ley no gravaría a quienes tienen renta extraordinaria ni a los que ganan mucho: sólo alcanzaría a los que ganan “muchiiiiiiiísimo”. El proyecto establece un impuesto del 10 por ciento sobre las ganancias de las empresas que superen el 20 por ciento de renta.

–Usted también impulsa otros proyectos que apuntan a devolverles derechos a los trabajadores.

–Sí. Uno de ellos fue aprobado por unanimidad en Diputados. Hoy los trabajadores en blanco que son despedidos pueden reclamar un subsidio por desempleo de 4, 8 o 12 meses, según la antigüedad. Pero el trabajador en negro, el más vulnerable, no recibe nada. Mi proyecto establece que ahora pueda reclamarlo. Sólo deberá ir a la Anses, presentar un testigo, información sumaria y enviar un telegrama a su ex empleador. No se necesitará prueba en juicio ni nada parecido. De esta manera, los trabajadores postergados recuperan derechos, el Estado puede armar un mapa del trabajo en negro, desalentamos los despidos porque el empleador sabe que finalmente la informalidad quedará descubierta e incluso los trabajadores se transforman en inspectores gratuitos a favor del trabajo de calidad. En el mismo sentido, también impulsamos el reconocimiento de las asignaciones familiares para los trabajadores en negro.

–La lucha contra el trabajo en negro es clave.

–Exactamente. Hay un excedente en el sistema de asignaciones familiares que a fin de año –de no ejecutarse– pasaría a rentas generales. Sería una lástima. Hay capacidad de pago y estrategia de recupero. Quien tiene trabajadores en negro es evasor en otras cosas. Es un delincuente. No nos engañemos. Nosotros les damos la excarcelación a esos empresarios, pero que paguen.

–A los empresarios locales tampoco les gusta su iniciativa para modificar la ley de seguros de
trabajo.

–Es verdad. Están que trinan. Pero volvemos a lo de la avaricia. Descalifican el proyecto porque dicen que favorecen la industria del juicio. Esto es una metodología de discusión que nació en Estados Unidos y se llama defensa canalla. No se refiere a los hinchas de Rosario Central, sino a descalificar al interlocutor para no discutir el pensamiento. Con la legislación vigente las indemnizaciones por accidente de trabajo son misérrimas. Lo que vivimos aún hoy es una ley de negocios que nació en el epicentro de la flexibilización laboral. Vocación pleitera hay en Estados Unidos y hasta por la cosa más insignificante. En la Argentina hay 4.600.000 trabajadores en negro, 1.500.0000 con salario “gris” y 1.000.000 con trabajo parcial. Queda claro que los trabajadores no están interesados en la industria del juicio.

–El proyecto de movilidad jubilatoria despertó muchas controversias. ¿Por qué votó a favor?

–Cuando hicimos las primeras cuentas los resultados que nos daban eran terroríficos: 3,8 por ciento de movilidad. Pero había un error. Cuando uno quiere tomar un promedio debe ilustrarse con la generalidad, no con lo excepcional. La fórmula de la ley divide por cantidad de beneficiarios. Si tomamos el período en el que se incorporaron 1.500.000 beneficiarios el resultado es pobre. Con nuestros datos, el reajuste anual rondaría el 20 por ciento. Por eso lo voté, más allá de que puede ser perfectible. Igualmente, hay algo que está muy claro: este gobierno está devolviendo un derecho arrebatado durante la década de los ’90. Cristina de Kirchner y Néstor Kirchner siempre obraron a favor de los trabajadores. Se podrá discutir más o menos, pero siempre a favor. A principio de la nota hablábamos de la etapa posterior a la 125. El Gobierno retomó la iniciativa. Queda claro con la movilidad jubilatoria, la estatización de Aerolíneas Argentinas y el pago al Club de París, discutiendo con responsabilidad el monto real. Tropezamos, nos voltearon, pero nos levantamos y seguimos con la misma decisión y en la misma dirección