viernes, 19 de noviembre de 2010

Una ley de la dictadura

“Es que el que maneja el crédito y lo orienta, maneja a la economía del país con mucha más eficacia que el gobierno, con todos sus instrumentos (…) Decide qué se produce en el país y qué no se produce, quién lo produce, cómo lo produce, cómo lo vende y cómo lo acapara, adónde lo exporta y en qué condiciones; determina las condiciones de la plaza, incide en la bolsa, todo, en una palabra. El secreto de la prosperidad o la decadencia, del desarrollo o el atraso, están en gran manera en los bancos”. Arturo Jauretche.

La Ley de Entidades Financieras que rige hoy en la Argentina fue sancionada en la última dictadura militar y fue la parte central de la Reforma Financiera que se ejecutó entonces, reforma que fue el puntapié inicial de la valorización financiera en nuestro país.

Este nuevo patrón de acumulación estaba basado en el capital financiero en reemplazo de la producción y el trabajo y, por ende, era necesario modificar los marcos normativos y legales para que tal transformación sea viable. Fue entonces cuando se sancionó la Ley 21.526, o también llamada “Ley Martínez de Hoz”. Junto con la Ley de Radiodifusión, la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Granos, se completaba un paquete legal que garantizaría la implementación del modelo neoliberal y su continuidad a lo largo de los distintos gobiernos democráticos y que recién hoy podemos volver a discutir.

Veamos entonces cuales son los principales puntos que planteaba esta Ley para luego ver sus consecuencias.
Como puntos más importantes, la actual Ley de Entidades Financieras fue sancionada para:

- Limitar el accionar de la Entidades Financieras más pequeñas y cooperativas;

- Permitir el ingreso indiscriminado de capital extranjero;

- Direccionar el crédito a la especulación financiera y al consumo antes que a la inversión en la producción;

- Indiferenciar tasas de interés para pequeños industriales o grandes grupos;

- Regular el mercado financiero desde la lógica del mercado sin intervención del Estado;

Estos puntos se traducen en claras consecuencias:

- Desaparición de las entidades pequeñas y cooperativas y alta concentración y extranjerización de la banca. Esto significa que las entidades o bancos pequeños o cooperativos, que tenían cierta tradición de desarrollo en nuestro país, se vieron desplazadas por los grandes bancos, ya que la ley establece que estas entidades debían tener el respaldo de alguna grande para poder operar, por un lado, y porque la ley da igualdad de condiciones a las entidades de distintos tamaños y características, lo cual genera que las pequeñas no puedan competir. Además, ingresan masivamente filiales de bancos trasnacionales, lo cual cambia radicalmente la composición de nuestro sistema bancario por uno altamente extranjerizado que gira constantemente utilidades a sus casas matrices.

- Extranjerización de la economía e inicio del círculo vicioso ingreso de capitales-valorización financiera-fuga de capitales. Sabido es que durante la última dictadura militar se dio inicio a un perverso mecanismo: como las tasas de interés en nuestro país eran más altas que las internacionales, el capital extranjero ingresaba para valorizarse mediante esas elevadas tasas de interés para luego fugar ese nuevo capital generado. Esto, por supuesto, tuvo alto impacto para la economía de nuestro país, ya que esas elevadas tasas de interés se sostenían por políticas macroeconómicas desde el Estado argentino, que implicaban una pérdida para el país en términos concretos. Principalmente, la industria local tiene dificultades para acceder al crédito porque esas tasas de interés son elevadas, y sólo los grandes grupos tienen el respaldo para poder afrontarlas. Por ende, estas tasas de interés están pensadas para la valorización financiera y para la concentración económica. Recién desde el 2003 se han comenzado a brindar oportunidades de crédito a la industria loca, pero con las limitaciones que conlleva estar aun regulados por esta ley.

- Estructura económica basada en la valorización financiera por sobre la producción. Los grupos económicos se diversifican para lograr altas tasas de rentabilidad a partir de la valorización financiera y la producción pasa a un segundo plano. En el contexto descripto en el punto anterior, los grandes grupos económicos prefieren diversificarse, esto es, abarcar actividades económicas que antes no realizaban, dado que las mismas les brindan mayor rentabilidad y ganancia que las que venían desarrollando. En este sentido, los mismos comienzan a invertir parte de sus activos en la valorización financiera: el mismo circulo descripto anteriormente pero en términos locales. ¿Por qué invertir en una planta productiva si puedo invertir en el sistema financiero y, sin tener que afrontar el trabajo y las dificultades de llevar adelante un proceso productivo, y sin tener que emplear trabajadores, puedo obtener mayores niveles de ganancias? Este razonamiento llevó a los grandes grupos a tener una pata fuerte en el sistema financiero, lo cual implicó una alianza de los mismos con el capital financiero internacional.

- Concentración económica a partir de que los grupos económicos tienen mayores posibilidades de acceder al crédito que la pequeña y mediana burguesía nacional. La contracara directa del punto anterior es que el fortalecimiento de estos mismos grupos genera una mayor concentración de nuestra economía. El círculo vicioso grupos económicos- valorización financiera-concentración se agiganta cada vez más, y en eso claramente tiene que ver cómo se hacen de los recursos necesarios esos sectores. Se puede decir que, hoy en día, la Ley de Entidades Financieras le brindan el marco para obtener gran parte de los mismos, ya que si sólo los grandes grupos pueden acceder al crédito, los que se verán más fortalecidos luego del acceso a ese crédito serán esos mismos grupos, siendo éstos cada vez más grandes y los pequeños y medianos cada vez más débiles. A esto debe sumársele la complejidad de que la mayoría de los recursos obtenidos a partir de un crédito, los grupos económicos lo utilizan para valorizar financieramente, mientras que los pequeños invierten en capital fijo y mayores puestos de trabajo.

- Un Estado con nulas herramientas para poder direccionar el proceso económico. Por supuesto que si estos mecanismos del mercado son tan fuertes significa que el Estado es cada vez más débil. El principal objetivo de esta ley era lograr que el Estado tenga la menor injerencia posible y que la asignación racional de recursos del mercado haga lo suyo. Por supuesto, los que se benefician son quienes son dominantes en términos económicos, y no quienes nosotros creemos que deben ser las bases fundamentales para el desarrollo e independencia de nuestro país.

Que el Estado pueda tener herramientas de planificación y ejecución de políticas económicas implica, por empezar, que se pueda poner el objetivo del desarrollo de los intereses nacionales y populares por sobre la rentabilidad. Es por ello que a ambos los mueven distintos intereses: al Mercado, la rentabilidad; al Estado, los intereses de la alianza de clases dominante. Los intereses del campo popular, compuesto por sectores del capital nacional y los trabajadores ocupados y desocupados, deben tener las herramientas de política económica desde el Estado para garantizar que sean estos los intereses los que prevalezcan, y no otros. Un ejemplo claro de eso sería poder tener herramientas para direccionar el crédito a la inversión de las PyMES para que esto las fortalezca y se generen mayores puestos de trabajo.

A partir del modelo económico iniciado en el 2003, es fundamental poder tener un sistema financiero que esté a la altura de las necesidades de este nuevo modelo económico. Para sostener el crecimiento económico y la inclusión social y para profundizar la distribución de la riqueza, necesitamos un sistema financiero que permita que el Estado tenga un rol activo en la definición del consumo, del ahorro y la inversión. Necesitamos que la industria tenga crédito para la inversión en tecnología y trabajo, que las cooperativas puedan capitalizarse y crecer desde sus principios solidarios, generando también muchísimos puestos de trabajo, necesitamos que quienes más consumen y ahorran paguen más tasa de interés, y no al revés, y que todos los servicios financieros sean accesibles para todos.

Hoy en día se está discutiendo en el Congreso una nueva Ley de Servicios Financieros, y tal vez sea la posibilidad real de cambiar la ley de la dictadura. Pero para esto debemos complementar esta tarea parlamentaria con la construcción del poder suficiente para lograr la correlación de fuerzas favorable para el campo popular. Sabemos que todas las batallas son decisivas, redoblemos nuestra organización.

Por Ariadna Somoza Zanuy*