sábado, 27 de septiembre de 2008

INFORME SOBRE LA MAYORIA SATISFECHA ARGENTINA

LA MAYORÍA SATISFECHA SEGÚN GALBRAITH

John Kenneth Galbraith en su libro “La cultura de la Satisfacción” analiza, entre otras cosas, la llamada cultura de la satisfacción norteamericana.

En este sentido, el autor comienza planteando como las ideas liberales desde su nacimiento fueron funcionales a los grandes empresarios. Esto se puede ver claramente, aunque el autor no lo plantea, en la idea de la mano invisible desarrollada por Adam Smith a fines del siglo XVIII donde se muestra más cabalmente la funcionalidad del liberalismo económico para el grupo de los satisfechos.

El padre de la economía a través de este concepto planteaba que cada individuo buscando satisfacer sus propias necesidades en el mercado colaboraba con un fin que no buscaba: el bien común. Un ejemplo de este concepto dado por los liberales es que el empresarios al instalar una fabrica buscando sus propios beneficios termina dando trabajo a los desocupados.

La conclusión más importante de la mano invisible es que al coincidir el interés individual con el interés general no es necesarios la intervención del Estado en la economía. Esta idea es la concepción central del liberalismo económico.

De esta forma, ningún empresario podría sentirse culpable buscando maximizar sus propias ganancias porque de esta manera esta colaborando con el bienestar de la sociedad. Dicho de otra manera, “nadie podría sentirse culpable por la propia fortuna ante una clase obrera que, según Ricardo y Malthus, inexorablemente se multiplicaba hasta hundirse en el nivel de subsistencia, ni tampoco si estaba uno inmerso en un sistema de mercado que recompensaba su esfuerzo de acuerdo con su aportación económica concreta y con su mayor merito social”

Incluso, plantea el autor, en plena crisis de 1929 donde se puso de manifiesto el fracaso del liberalismo económico, la intervención del Estado generó una fuerte resistencia por parte de los satisfechos. Durante la Gran Depresión mientras se generalizaba el desempleo sin subsidios, la crisis agrícola se profundizaba, crecían los ancianos sin pensión y aumentaba la explotación de las mujeres y de los niños en las fabricas; los que permanecían favorecidos se oponían a cualquier intervención del Estado.

En este contexto, Franklin D. Roosevelt fue elegido como presidente de los Estados Unidos a partir de una especie de engaño político. En efecto, al mismo tiempo que prometía cambios y reformas para conseguir la reactivación económica, aseguraba mantener un presupuesto equilibrado y un reducido gasto público con el objetivo de tranquilizar al grupo de los satisfechos.

Cuando Roosevelt experimentó el New Deal (Nuevo Acuerdo) que implicaba un fuerte incremento de la intervención del Estado en la economía, los opulentos recurrieron a las barreras constitucionales con el objetivo de frenar el avance del Estado.

Incluso, la idea de que en medio de una crisis como la de 1929 no debía intervenir el Estado fue sostenida y apoyada por algunos economistas. Como plantea Galbraith, el economista Joseph Schumpeter junto a Lionel Robbins plantearon la tesis que sostenía que la recuperación económica no debía conseguirse a través de la acción del Estado. Para estos economistas, la Gran Depresión era un fenómeno saludable del sistema económico al permitir la expulsión de las distintas anomalías de la economía.

Por lo tanto, según estos economistas, la recuperación luego de la crisis sólo podría ser firme y sustentable si se producía sin intervención del Estado. De esta forma, incluso en medio de la peor crisis mundial existieron economistas funcionales a los opulentos que desarrollaban teorías para limitar las distintas esferas de intervención estatal.

En plena presidencia de Roosevelt el banquero Morgan, espantado por la acción estatal, advertía al Senado que “si se destruye la clase ociosa, se destruye la civilización” y continuó diciendo que la clase ociosa son “todos aquellos que pueden permitirse pagar una sirvienta”

Sin embargo, como sostiene Galbraith, el New Deal de Roosevelt fue fundamental para recomponer el sistema capitalista norteamericano y en este sentido proteger el bienestar de aquellos individuos que el capitalismo más favorece, esto es, de los satisfechos.

A partir de esta introducción el autor comienza a analizar lo que él denomina la mayoría satisfecha. Según Galbraith este sector social incluye a las personas que manejan las grandes empresas financieras e industriales y a sus asalariado medios y superiores, a los profesionales, a los empleados subalternos con ingresos garantizados, a los que poseen negocios independientes, una buena parte de los agricultores, trabajadores con oficio, ancianos con buenas jubilaciones que les permite vivir sin sobresaltos, entre otros grupos.

Es decir, la mayoría satisfecha es un grupo heterogéneo de personas pero que presentan una característica común: tienen garantizado en mayor o menor medida su bienestar material y consideran que el futuro se encuentra bajo su control personal.

Según Galbraith, esta mayoría satisfecha presenta cuatro características fundamentales:

1) La primer característica es su afirmación de que los que la componen están recibiendo lo que se merecen en justicia. Es decir, que los individuos que integran la mayoría satisfecha están convencidos de que lo que disfrutan es producto de su esfuerzo, su inteligencia y su virtud personal.

En tal sentido, todo intento de igualdad es repudiado por la mayoría satisfecha con el justificativo de que la fortuna se gana a partir del esfuerzo personal. Por tal motivo, la equidad provoca la indignación de los favorecidos pues implicaría la usurpación de aquello que tan claramente se merecen.

2) La segunda característica es su actitud hacia el tiempo. En efecto, la mayoría satisfecha posee una actitud adversa por el largo plazo. Prefieren el corto plazo en detrimento del largo plazo por una cuestión sencilla: el largo plazo puede no llegar nunca.

Dicho de otra forma, la construcción del largo plazo recae sobre los individuos del presente y los beneficios serán disfrutados por otros. En palabras de Galbraith “...el coste de la actuación de hoy recae o podría recaer sobre la comunidad privilegiada; podrían subir los impuestos. Los beneficios a largo plazo muy bien pueden ser para que los disfruten otros. En cualquier caso, la tranquila teología del laissez faire sostiene que, al final, todo saldrá bien”

Esta segunda característica de la mayoría satisfecha se observa claramente, según el autor, en el cuidado del medio ambiente. Mientras que el costo económico para proteger al medio ambiente es concreto, el beneficio ecológico a largo plazo es difuso y discutible.

Por lo tanto, los opulentos de la sociedad sobre los cuales le recae ese costo presente si bien no niegan el problema medioambiental por el cual atraviesan las diferentes sociedades en la actualidad, prefieren aplazar las medidas. Como sostiene Galbraith, una parte de los satisfechos propone la realización de diversas investigaciones para corroborar el deterioro ambiental, lo cual da tranquilidad intelectual y moral pero que en la realidad se traduce en la no actuación.

El autor también menciona como otro ejemplo del papel del tiempo para los opulentos el tema de la construcción de la infraestructura económica como las autopistas, puentes, aeropuertos, transporte público, etc. Mientras que existe en Estados Unidos una opinión generalizada de la insuficiencia en términos de infraestructura para el futuro, existe una oposición firme por parte de la mayoría satisfecha a la realización de nuevos gastos e inversiones públicas para su construcción.

En este sentido, la mayoría satisfecha expresa el mismo argumento que con el cuidado del medio ambiente, esto es, los impuestos y los costos actuales son concretos mientras que los beneficios futuros son difusos. Como sostiene el autor “se benefician individuos posteriores y distintos; ¿por qué pagar por personas desconocidas?. Se trata, otra vez más, de la instancia fácilmente comprensible en la no intervención y en librarse así del coste actual. La satisfacción demuestra ejercer aquí una influencia social creciente, más decisiva que en el pasado. La red de autopistas, las carreteras generales, los aeropuertos, puede que hasta los hospitales y las escuelas de una época anterior y económicamente mucho más austera que en la que los votantes favorecidos eran muchísimo menor, no podrían construirse hoy”

De esta manera, la mayoría satisfecha privilegia el beneficio a corto plazo a la construcción de un futuro mejor que es siempre incierto y el cual ellos tal vez no disfrutarán.

3) La tercer característica de los opulentos de la sociedad es su visión sumamente selectiva del papel del Estado. En líneas generales, la mayoría satisfecha visualiza al Estado como una carga. De esta forma, para los que disfrutan de una situación desahogada es imprescindible reducir o eliminar esta carga, lo cual se traduce en una reducción de los impuestos.

Sin embargo, esta critica hacia la intervención del Estado por parte de los satisfechos es selectiva. En efecto, este sector de la sociedad no se queja del Estado cuando sus intervenciones los favorece. Según Galbraith “...aunque en general se haya considerado al gobierno como una carga, ha habido, como se verá, costosos y significativas excepciones a esta amplia condena. Se han excluido de la critica, claro, las pensiones profesionales, los servicios médicos de las categorías de ingresos superiores, el sostén de las rentas agrarias y las garantías financieras para los depositantes de bancos y cajas de ahorro en quiebra. Son firmes pilares del bienestar y la seguridad de la mayoría satisfecha. Nadie soñaría con atacarlas, ni siquiera marginalmente, en ninguna contienda electoral”

Incluso, sostiene Galbraith, dentro de las erogaciones públicas que nadie se anima a atacar entran los gastos militares, a pesar de que generan fuertes efectos fiscales negativos. El justificativo de estos elevados gastos es que son percibidos como una protección vital para la continuidad del bienestar de la mayoría satisfecha, en el pasado amenazado por el comunismo y en la actualidad por el terrorismo. Hasta los republicanos que pregonan por un presupuesto equilibrado y una reducción del gasto público son férreos defensores de los gastos militares.

De esta manera, si bien los opulentos consideran al Estado como una pesada carga, aquellas erogaciones públicas que los favorecen son tomadas como dignas excepciones del gasto estatal. El resto, es decir, el gasto del Estado en defensa de los menos privilegiados es considerado por la mayoría satisfecha como una carga que debe reducirse.

Como señala el autor “tales son las excepciones que hace la mayoría satisfecha a su condena general del Estado como una carga. El gasto social favorable a los afortunados, el rescate financiero, el gasto militar y, por su puesto, los pagos de intereses constituyen, con mucho, las partes más sustancial del presupuesto del Estado y la que ha experimentado, con gran diferencia, en fecha reciente, mayor incremento. Lo que queda –gasto para ayuda social, viviendas baratas, servicios médicos para los sin ellos desvalidos, enseñanza pública y las diversas necesidades de los grandes barrios pobres- es lo que hoy se considera como la carga del Estado. Es únicamente lo que sirve a los intereses de los que no pertenecen a la mayoría satisfecha; es, ineludiblemente, lo que ayuda a los pobres”

4) La cuarta y última característica es la tolerancia que presenta la mayoría satisfecha respecto a las grandes diferencias de ingreso. El autor plantea que aquellos que pertenecen al sector afortunado de la sociedad aunque menos acaudalados soportan los ingresos sumamente elevados de los muy ricos, por temor a que en la redistribución de la riqueza estén amenazados también sus ingresos.

En efecto, “se respeta aquí una convención general bastante plausible: el coste de la prevención de cualquier ataque a la propia renta es la tolerancia de una mayor cuantía para otros” En este sentido, la opulencia de los muy ricos es el precio que paga el resto de la mayoría satisfecha para poder retener su ingreso que es drásticamente menor pero que les permite vivir sin sobresaltos.

Por otro lado, esta tolerancia de las altas rentas de los sectores más ricos de la sociedad se defiende con el siguiente argumento: la mejor manera de ayudar a los más pobres es reduciendo los impuestos a los más ricos. Efectivamente, al reducirse los impuestos a los más satisfechos de los satisfechos esto se traduciría en más inversiones, lo cual terminaría beneficiando a los más pobres dándole trabajo. Como sostiene Galbraith “...la teoría de que si se alimenta al caballo generosamente con avena, algunos granos caerán en el camino para los gorriones”

En resumen, estas son las cuatros características de la mayoría satisfecha, es decir, del sector social que tiene la posibilidad de disfrutar un bienestar económico que le permite vivir con desahogo sus vidas.

Sin embargo, sostiene el autor, este bienestar material de la mayoría satisfecha es sostenido y fomentado por la presencia de una clase numerosa que no participa de la comunidad favorecida, la cual Galbraith denomina la Subclase Funcional integrada por los más pobres de la sociedad norteamericana.

A su vez, el autor plantea que existe una minoría de los satisfechos que les preocupa además de su satisfacción personal la situación de los desfavorecidos que no tienen la suerte de participar de su bienestar material.

En efecto, existe un grupo de individuos integrados por intelectuales, periodistas, disidentes profesionales que manifiestan simpatía por los marginados. Sin embargo, plantea Galbraith, no constituyen una amenaza seria para la mayoría satisfecha. Todo lo contrario, este grupo consolida la posición de los opulentos al democratizar la posición dominante de la mayoría satisfecha.

En otras palabras, con su defensa de los excluidos demuestran que el sistema democrático funciona. Como sostiene Galbraith “los progresistas en Estados Unidos y los políticos y portavoces laborista en Gran Bretaña son, en realidad, vitales en este sentido. Sus escritos y su retórica dan esperanza a los excluidos y garantizan, al menos, que no son marginados a la par que ignorados”

LA MAYORÍA SATISFECHA ARGENTINA:

A partir del conflicto desatado con las retenciones móviles se observó en todo su esplendor el accionar de la mayoría satisfecha argentina. A lo largo de todo el conflicto se vio reflejado en todos los actores sociales que se opusieron a la medida implementada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente las entidades agrarias, las distintas características detalladas por Galbraith que presentan los sectores opulentos norteamericanos.

1) Los agricultores afirmaron que están recibiendo lo que se merecen en justicia, esto es, que la renta agraria percibida es producto de sus esfuerzos. En este sentido, se estereotipó al agricultor como el campesino que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar sus tierras y que trabaja de sol a sol.

Por lo tanto, para los agricultores no es justo que el Estado intervenga a través de las retenciones para extraerle parte de su renta con el objetivo de distribuirlo entre los menos favorecidos. Es decir, la mayoría satisfecha argentina se mostró indignada ante la intención del Estado nacional de cobrarle impuesto al núcleo sojero pues lo consideran como una usurpación de aquello que tan claramente se merecen.

En este sentido, se oculta que buena parte de la renta percibida por los agricultores es como resultado de una política económica llevada a cabo por el gobierno nacional: la devaluación de la moneda. Política económica que además fue soportada por los asalariados que a partir de la inflación vieron reducido su salario real.

Por otro lado, junto con la devaluación de la moneda, la renta extraordinaria de la soja se debe al abrupto incremento de los precios internacionales de las materias primas a partir del aumento del consumo sobre todo de China y la India pero además también por el vuelco de gran parte de la especulación financiera internacional que se dedicó al negocio de las materias primas.

Por lo tanto, el crecimiento extraordinario de sus ingresos no se debió fundamentalmente a sus esfuerzos personales sino más bien por factores exógenos a los agricultores, esto es, por la devaluación de la moneda nacional y por el crecimiento internacional del precio de las materias primas.

2) En las entidades agrarias durante el conflicto también se notó su privilegio del corto por el largo plazo. En efecto, gran parte de su discurso en contra de las retenciones móviles era que se debía aprovechar el contexto internacional que favorecía a la Argentina a partir de los elevados precios de las materias primas.

Para las entidades agrarias esto significa venderle al mundo lo que el mundo necesita. Es decir, retomar los lineamientos generales del modelo agroexportador que implica la venta externa de productos primarios, fundamentalmente soja.

Por lo tanto, para aprovechar el contexto internacional, según los agricultores es conveniente reducir las retenciones para así de esta manera permitirles incrementar la inversión agraria y de esta forma producir una mayor cantidad para aumentar las exportaciones.

Esto implica que el Estado no intervenga para fijar las rentabilidades relativa de la economía. Esto se traduciría en que ante el aumento abrupto de la soja a nivel internacional la rentabilidad del sector sojero es mayor a la rentabilidad de los otros sectores económicos, esto es, al resto de las actividades agrarias – ganaderas y al sector manufacturero.

Este fenómeno genera que la mayor parte de la inversión sea destinada en la economía argentina a la producción de soja desalentando de esta forma la inversión en trigo, maíz, leche, carne y productos manufacturados. Esto se traduce en dos hechos: primero, como la soja se produce casi exclusivamente para la exportación se reduciría la producción de productos agrarios – ganaderos que se destina al consumo interno y, segundo, se atentaría al modelo de industrialización al ser menos rentable la inversión en el sector manufacturero que en el sector sojero.

Ahora bien, es de esperar que este aumento en el precio internacional de la soja y de las materias primas en general no sea indefinido. Por lo tanto ¿qué sucedería entonces si se reduce el precio de la soja y el gobierno, como pretenden las entidades agropecuarias, no fija las rentabilidades relativas de la economía y deja que las ganancias del núcleo sojero aumentara más que los beneficios de las otras actividades permitiendo de esta forma el avance de la producción de soja en detrimento de las otras actividades?.

Nos encontraremos que la economía argentina se especializó en la producción de un bien que no se consume internamente y que ahora al bajar el precio internacional tampoco es tan rentable exportarlo. Pero además nos especializaremos en un producto que no genera valor agregado y que por lo tanto no se traduce en puestos de trabajo, lo cual implicaría que este tipo de especialización se traduciría en un incremento de la desocupación.

De esta forma, en términos de las entidades agropecuarios, aprovechar el contexto internacional es privilegiar el corto plazo para hipotecar el largo plazo de la economía y la sociedad argentina. En otras palabras, permitirles a los agropecuarios la obtención de una renta extraordinaria a partir de la exportación de la soja, atentando contra la producción de los alimentos para los argentinos y contra el proceso de industrialización de la economía argentina.

En este sentido, en contraposición a los sostenido por las entidades agropecuarias durante el conflicto, aprovechar el contexto internacional implica tener una perspectiva de largo plazo, previendo que el precio de las materias primas no se mantendrán indefinidamente en niveles altos. Esto implica, por lo tanto, a partir de distintas intervenciones estatales incrementar la producción de trigo, maíz, leche y carne para bajar el precio interno de los alimentos y aumentar el consumo de los argentinos y, por otro lado, profundizar el proceso de industrialización de la economía argentina permitiendo, entre otras cosas, reducir el nivel de desempleo, pobreza e indigencia.

En otras palabras, pensar en el largo plazo es generar a través del intervensionismo estatal un desarrollo económico y social, y no simplemente obtener un crecimiento económico en base a la exportación de soja. Esto último lo único que permitiría es la obtención de una extraordinaria renta en el corto plazo del núcleo sojero.

Por otro lado, esta visión cortoplacista de las entidades agropecuarias se observa en su total despreocupación por la tendencia hacia el monocultivo. Es decir, aprovechar el contexto internacional en la perspectiva de los agropecuarios se traduce en producir cada vez más soja a costa de la fertilidad futura de la tierra argentina.

Dicho de otra forma, producir la mayor cantidad de soja posible en el corto plazo para obtener de esta manera la mayor renta posible antes que baje el precio internacional de la soja sin preocuparme por los desastres ambientales que esto genera.

Nuevamente, las entidades agrarias privilegian el corto al largo plazo, total como dice Galbraith el futuro es incierto y además ellos no estarán.

3) Durante todo este conflicto también se observó la visión sumamente selectiva por parte de las entidades agropecuarias del papel del Estado. Una de las cuestiones que quedó más claro es que para los agricultores el Estado en líneas generales es percibido como una carga.

Para ellos el Estado es un socio que participa de las ganancias del campo pero que desaparece en los momentos de las malas cosechas. Por lo tanto, exigen la no intervención del Estado en la economía.

Sin embargo, nunca se escuchó criticar con anterioridad al conflicto a las entidades agrarias cuando el Estado nacional le refinanció las deudas salvando la mayor parte de los campos que se encontraban hipotecados lo cual les permitió a muchos agricultores salvar sus tierras, ni tampoco se los escuchó criticar el gasto público destinado para mantener la moneda devaluada que genera un incremento de la rentabilidad en pesos de los exportadores y tampoco criticaron la intervención del Estado subsidiando el gas oil para abaratar los costos de los agricultores debido al alto precio internacional del petróleo.

Esto demuestra en primer lugar que el Estado no es un socio que sólo participa de las ganancias sino que gracias a su intervención permite aumentar la rentabilidad de los productores. Pero que además las entidades agrarias no se quejan de la intervención del Estado, sino que critican las intervenciones gubernamentales que no los beneficia.

4) En el conflicto por las retenciones móviles se observó también la tolerancia que muestra gran parte de la mayoría satisfecha respecto de las grandes desigualdades en la distribución del ingreso. En efecto, las entidades agropecuarias estuvieron fuertemente apoyadas por un gran sector de los afortunados que nada tenían que ver con el campo ni muchos menos les afectaba las retenciones móviles de la soja. Incluso, este apoyo se dio conociendo las rentas extraordinarias percibidas por el núcleo sojero que lideró el conflicto agrario.

Si bien detrás de este apoyo podemos encontrar un número importante de causas, uno de los factores fundamentales es la oposición a cualquier medida redistributiva implementada por el Estado nacional. Pues esta distribución es amenazante para el grueso de la mayoría satisfecha.

De esta forma, prefieren apoyar la renta extraordinario de un grupo reducido de productores con tal de no ser afectada en algún momento su renta en el proceso de distribución del ingreso. Parafraseando a Galbraith, la opulencia esplendorosa del núcleo sojero es el precio que paga el resto de la mayoría satisfecha menos opulenta para poder retener lo que es menos pero que está muy bien de todos modos.

Por tal motivo, buena parte de la mayoría satisfecha argentina salió en defensa de las entidades agropecuarias a pesar de no sentirse afectado directamente por las retenciones móviles establecidas por el gobierno nacional.

Por último, también durante el conflicto agropecuario participó esa minoría de la mayoría satisfecha preocupada por los marginados pero inofensiva para la posición dominante de los opulentos. En efecto, una parte del progresismo argentino integrado por intelectuales, periodista y políticos que escribían y hablaban permanentemente a favor de la distribución del ingreso pero que sin embargo durante este conflicto decidieron ser funcionales, por diferentes motivos, a las entidades agropecuarias.

Estos sectores son profundamente necesarios para darle un aire de democracia a la posición dominante de la mayoría satisfecha. Entre estos sectores podemos destacar a Proyecto Sur cuyo diputado Claudio Lozano a pesar de expresar su pasión por la redistribución del ingreso terminó votando, más allá de sus explicaciones, a favor de las entidades agropecuarias.

El voto de Cobos por la negativa al proyecto de retenciones móviles para la soja muestra la preponderancia cultural, económica, política y social de la mayoría satisfecha argentina. Los sectores opulentos de la sociedad afirman que gracias al voto de Cobos se pacificó el país. Pero al mismo tiempo dan una señal: esta pacificación depende de que la posición dominante de la mayoría satisfecha no se vuelva a discutir, esto es, la paz social depende de que no se insista más en la distribución del ingreso.

Grupo de Estudio de Economia Nacional y Popular (GEENaP)

jueves, 25 de septiembre de 2008

Intento de robo en el Banco Provincia, sede Ramallo



Los delincuentes no pudieron lograr su cometido.
RAMALLO, Septiembre 24 (http://www.ramallociudad.com.ar/) En la madrugada de este miércoles, autores desconocidos ingresaron al Banco Provincia de Ramallo con intención de robo, aunque, sin poder lograr su cometido.

Según fuentes consultadas, entre 5 y 6 personas ingresaron a la entidad bancaria, en momentos en que la custodia policial era solamente de un efectivo policial.

Los ladrones ingresaron con las intenciones de llegar al tesoro del banco y luego reducir la seguridad. Por motivos que se intentan establecer, desistieron de su meta. Por lo pronto, las investigaciones policiales están en la búsqueda de dar con el paradero de las personas que ingresaron al banco.

De la escena del hecho se secuestró una pistola 9 milímetros, dos teléfonos celulares y un soplete con tubos de oxígeno, este último elemento sería con el que estuvieron trabajando toda la noche para poder abrir la caja fuerte.

En horas de la mañana, cuando la comunidad se fue haciendo con la noticia, sobrevolaron los fantasmas de aquel robo de 1999 al Banco Nación en Villa Ramallo, recordando el triste desenlace que tuvo.


Cristina: "El plan B lo necesitan ustedes"
25-09-2008 / La presidenta opinó hoy que la crisis financiera de los Estados Unidos marca el inicio de un "capitalismo basado en la economía real", y aseguró que las causas de los problemas del país del norte se deben a que el Estado cree "que no que hay que intervenir, que no hay que regular".
Cristina dijo que la gira por EE.UU. "va muy bien".
La presidenta Cristina Fernández opinó hoy que la crisis financiera de los Estados Unidos marca el inicio de un "capitalismo basado en la economía real", y aseguró que las causas de los problemas del país del norte se deben a que el Estado cree "que no que hay que intervenir, que no hay que regular", y ante una pregunta expresó: "El plan B lo necesitan ustedes", esta tarde al disertar ante el Council of Americas, en Nueva York.
La Presidenta respondió una pregunta de una periodista que consultaba si la Argentina tenía "un plan B" de gobierno, a lo que respondió que no era el gobierno nacional el que necesitaba una alternativa, sino el de los Estados Unidos. También expresó: "No creemos en aquel Estado empresario, que tuvo orígenes en mi partido (PJ), no creemos en esa fantasía que nos contaron desde el Consenso de Washington", en el almuerzo celebrado en el hotel Waldorf Astoria.Además, la presidenta interpretó que la crisis norteamericana se originó porque se creyó que "se podía sustituir lo que es el eje mismo: producir bienes y servicios". Y, afirmó, se pensó que se podía "reproducir al dinero independientemente de pasar por los circuitos de bienes y servicios".
"Lo que sucede aquí no es el fin del capitalismo, va a venir otro capitalismo basado esencialmente en la economía real que hizo grande este país", dijo Cristina Fernández en referencia a la situación de la economía de los Estados Unidos.
Por otro lado, ante la pregunta de que el 73 por ciento de los argentinos ven como regular o mala su gestión, según la prensa, la jefa de Estado explicó que "para ver lo que pasa en un país, no es suficiente con leer los periódicos".
En relación a los conflictivos índices inflacionarios del país, Cristina afirmó que "si los precios aumentan, ya no estaríamos en una distorsión provocada por el Estado, estaríamos ante una distorsión provocada por concentración en los que manejan las variables de precios".
A las 17, Cristina mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Haití, Rene Preval, y aunque no trascendieron los temas a analizar se entiende que ambos mandatarios harán un repaso a la crítica situación que vive el país caribeño y la ayuda que la Argentina viene brindando a través de los Cascos Blancos.

martes, 23 de septiembre de 2008

Fuerte respaldo a la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al premio Nobel de la Paz

Avanza la iniciativa de Filmus
19-09-2008 / El Colegio Público de Abogados de la Capital hizo propio el apoyo a la institución. "El mayor premio es poder hallar a los nietos que aún no hemos encontrado", expresó Estela de Carlotto. Sería uno de los pocos reconocimientos internacionales que les resta obtener por su lucha.
La presidenta de Abuelas podría recibir el premio.
La presidenta de Abuelas podría recibir el premio.
Las Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas hoy en el Colegio Público de Abogados de la Capital con motivo del Día Mundial de la Paz y en apoyo a su candidatura al Premio Nobel por su labor de 30 años al frente de esa organización de derechos humanos.

"Agradezco este reconocimiento pero no soy yo sola, somos las abuelas de Plaza de Mayo", dijo Estela de Carlotto tras recibir una copia de la resolución del Consejo Directivo del Colegio Profesional de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la que apoyan la candidatura al Nobel de la Paz.

En ese sentido, la titular de Abuelas lamentó que las autoridades del CPABA "hayan sido amenazados por este acto de amor, y al respecto se me ocurren dos cosas: ladran sancho, señal de que cabalgamos, y la otra es que esa gente no conoce el amor, no sabe lo que es una madre".

"Han pasado 31 años, somos muchas menos abuelas, pero seguimos dando el ejemplo, sino como se entiende que esta abuela que cumplió 81 años y ya encontró a su nieto siga viniendo y trabajando junto a nosotras", agregó, señalando a una de las presentes.

Carlotto también destacó lo importante que puede ser un premio Nobel, pero dijo: "el mayor premio es poder hallar a los nietos que aún no hemos encontrado".

Por su parte, el presidente del Colegio, Jorge Rizzo, le entregó una plaqueta a la presidenta de Abuelas como reconocimiento a su tarea, y manifestó públicamente "el respaldo de su entidad a la candidatura al Nobel de la Paz".

Al respecto, el secretario de relaciones parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Oscar González manifestó: "Vine a respaldar esta iniciativa porque considero que esta postulación es una causa más que justa, que implica una continuidad histórica y política con la distinción recibida en 1980, por Adolfo Pérez Esquivel, durante la última dictadura militar".

Previo al reconocimiento, se pudo ver un video que recorrió la vida de la entidad y la lucha de sus miembros por reintegrar su identidad a decenas de hijos apropiados ilegítimamente durante la última dictadura militar. Además, la cantante Susana Rinaldi les dedicó un pequeño concierto.

Estuvieron presentes en el homenaje el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Abel Fatala; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el diputado nacional Carlos Kunkel; y el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, Julio Piumato.

Cristina reivindicó la lucha de las Abuelas "sin venganzas, sin odios y sin rencores"

En la sede de la ONU
23-09-2008 / Junto a Estela de Carlotto, titular de esa organización de Derechos Humanos, y el canciller Jorge Taiana la presidenta encabezó el acto de apertura de una muestra fotográfica organizada por la Cancillería argentina para honrar la lucha de la entidad.
Cristina, Estela Carlotto y la comitiva oficial en New York.
Cristina, Estela Carlotto y la comitiva oficial en New York.

La presidenta Cristina Fernández reivindicó la lucha que vienen dando las Abuelas de Plaza de Mayo "sin venganzas, sin odios y sin rencores", durante el homenaje a los 30 años de lucha de la organización de Derechos Humanos que encabezó en la sede de la ONU, con la presencia de su titular Ban Ki Moon.

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó esta noche que "haber podido mostrar nuestro trabajo y nuestra lucha de 30 años en la ONU, es un sueño pero la lucha no termina aquí".

"Cuando iniciamos hace 30 años la lucha por la memoria, la verdad y la justicia las Naciones Unidas siempre nos apoyaron y por eso estar hoy aquí es para nosotras un sueño que se hizo realidad", recordó Carlotto.

Destacó además el compromiso asumido por el titular de la ONU de instar a las naciones a firmar el tratado de desaparición forzada de personas, iniciativa del gobierno argentino.

En ese sentido, la presidenta señaló que "es imprescindible que todos los países ratifiquen el tratado contra la desaparición de personas (que fue firmado el año pasado en París)”, hoy en la Asamblea de la ONU, en Nueva York.

"Para mí país, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos es una política de Estado", agregó, y, en ese sentido, destacó el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, que la acompañan en el viaje oficial a Nueva York.

De la ceremonia que se llevó a cabo en la sede de la ONU en Estados Unidos, participaron la presidenta, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, el secretario general de la ONU, y el canciller, Jorge Taiana, según destacó la agencia Télam.

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domingo, 21 de septiembre de 2008

La garrafa social costará 16 pesos

País
Anuncio del Gobierno
Nuevas tarifas
Nuevas tarifas

Desde el Ministerio de Planificación Federal se informó que además se desarrollarán nuevas obras de infraestructura.

El Gobierno anunció un plan que permitirá mantener el precio de la garrafa de 10 kilos en 16 pesos, y brindar 3.000 millones de pesos para el desarrollo de nuevas obras. "Esta es una medida que apunta a la redistribución del ingreso", destacó el ministro de Planificación, Julio de Vido, durante un acto celebrado ayer en el Palacio de Hacienda, y del cual participaron gobernadores, intendentes, empresarios y sindicalistas del sector.

La medida fue adoptada en el marco de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de segmentación para garantizar que el esfuerzo no recaiga sobre los que menos tienen. El acuerdo estipula que a partir del primero de octubre, la garrafa de 10 kilogramos, la que utilizan casi 12 millones de habitantes, pasará a costar 16 pesos, la de 15 kilos 20 pesos y la de 25 kilos costará 25 pesos. El acuerdo alcanzado con las empresas implica también un aumento en septiembre de entre el 10 y 30 por ciento en las tarifas domiciliarias de consumos altos.

El Gobierno considera a quienes utilizan garrafas como usuarios de un servicio público por lo que con esta segmentación se avanzará en su progresiva incorporación a la red de gas nacional. "Con esto se benefician directamente mas de 3 millones de hogares que carecen de gas por red. Son los hogares de menores ingresos", en especial, en las provincias del norte argentino, señaló el Ministro. Para conseguir la garrafa a 16 pesos "debe haber un fuerte contenido municipal para el control efectivo del cumplimiento" del precio, destacó De Vido, quien agradeció el apoyo de los intendentes.

La secretaría de Energía habilitó una línea 0-800-333-4444 en la órbita del Enargas para que los usuarios hagan llegar sus inquietudes sobre este tema. Quedan exceptuados aquellos hogares de consumos bajos, que tienen una cocina, un calefón, y una estufa, "alrededor del 52 por ciento de los hogares del país", destacó el ministro. Los hogares de consumos medios, alrededor del 32 por ciento, recibirán aumentos de entre el 10 y 20 por ciento, y el 16 por ciento restante, de altos consumos, de entre el 25 y 30 por ciento.

También aumentará 10 por ciento desde septiembre la tarifa de gas en los comercios, incremento que oscilará entre el 10 y el 15 para el caso de la industria. A pesar de este incremento, las tarifas industriales seguirán estando entre las más bajas del cono sur, destacó el funcionario.

Además, a partir del primero de octubre aumentará un 10 por ciento el GNC que utilizan autos y camiones. Con el excedente se financiará un plan de obras por 3.000 millones de pesos que tendrá como objetivo facilitar el acceso al servicio de gas natural a aquellos que hoy no lo tienen, reemplazar redes y brindar mayor seguridad en las instalaciones, y colocar mas de un millón de medidores residenciales.

Participaron del acto gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, de San Juan, José Luis Gioja, de Formosa, Gildo Insfrán, el titular de la Federación de Municipios, Julio Pereyra, y el secretario de Energía, Daniel Cámeron. De Vido destacó que este acuerdo fue producto "de casi 60 días de duras negociaciones,", tiempo en el cual "no hubo operaciones de prensa, y cada uno defendió lo suyo, pero pensando en llegar a esta solución". Afirmó que rubricaron este programa "el 90 por ciento de los actores" que componen el sector, entre empresas productoras, transportadoras, fraccionadoras, y sindicatos. Pero también "invitamos a todos aquellos que no hayan podido firmar el acuerdo a que lo suscriban, porque no queremos hacer diferencias entre empresas grandes o chicas, y porque queremos que esté la totalidad", de los sectores

“Quien tiene trabajadores en negro es un delincuente”

Miradas al Sur
Héctor Recalde
Recalde denunció la vigencia del trabajo en negro.
Recalde denunció la vigencia del trabajo en negro.
21-09-2008 / El diputado nacional y asesor de la CGT arremete contra los empresarios evasores. “Estamos dispuestos a darles la excarcelación, pero que paguen”, dice. explica que después de la derogación de la 125, el gobierno retomó la iniciativa: “seguimos en la misma dirección”.
Por Eduardo Anguita y Sebastián Feijoó
politica@miradasalsur.com

El Estudio Recalde brilla por su austeridad. Respeta la cercanía a Tribunales que exige el protocolo, pero elude cualquier pompa u ostentación. Eso sí: las paredes hablan. Hasta el más incauto de los visitantes encontrará algunas pistas para desentrañar el largo recorrido profesional y político de Héctor Recalde. El diploma que lo habilita como abogado, certificados de posgrados varios, reconocimientos y una serie de fotos junto a figuras del porte de Juan Domingo Perón, Fidel Castro, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Hugo Moyano, entre otros, testimonian buena parte de su vida y convicciones.

Pero el objeto más revelador que Recalde tiene en su estudio es una vieja boletera de colectivo. Sí, una de aquellas maquinarias que guardaban tantos rollos de boletos como secciones de recorrido tuviera la línea. Ese objeto al que el paso del tiempo venció y al mismo tiempo otorgó valor de reliquia, guarda un mensaje. “Era de mi padre. Fue colectivero por muchos años en una línea que hoy es la 168. Nosotros vivíamos en Lacroze y Freire, y él pasaba por la puerta de casa. De chico muchas veces lo acompañaba en el recorrido”, rememora. El relato resuena muy parecido a la película Una luz en el Infierno (A Bronx tale). Recalde asiente: “Sí, claro. La de Robert De Niro y Chazz Palminteri”.

Hoy Recalde es diputado por el Frente para la Victoria, titular de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso y asesor legal de la CGT. En una misma persona confluyen espacios neurálgicos del mapa político de la Argentina. Recalde asume la parada con la responsabilidad y el compromiso que exige, pero sin olvidar un buen humor con el que siempre sazona su relato. “Y... si no ponemos un poco de humor...”, otorga cómplice.

–¿Después del naufragio de la resolución 125 comenzó otra etapa para el Gobierno?

–Definitivamente. Repasemos lo sucedido. Yo estuve investigando y lo que pasó en el Senado argentino no se vio en ningún país del mundo. En Diputados el oficialismo ganó por siete votos, en el Senado empató y desempató el Poder Ejecutivo en contra del Poder Ejecutivo. Esa es una síntesis objetiva. Fue realmente insólito. Los argentinos somos únicos: en el fútbol y en esto que pasó en el Senado. Por eso digo que empezó una nueva etapa, pero este proceso tuvo varias.

–¿Cuáles?

–La primera etapa la afronta Néstor Kirchner. Es un período de trabajo grueso. De poner las cosas en orden para poder gobernar y cumplir algunos sueños y convicciones profundas. Poner en marcha el país, estimular la producción, echar a rodar políticas pensando en los que menos tienen, etcétera. Kirchner hizo una revolución silenciosa. Cuando en el 2003 se hablaba de un aumento de 200 pesos no remunerativo, él contrarió a los empresarios y por decreto los hizo remunerativos y que se incluyera en el básico. Eso empujó todos los sueldos hacia arriba. Esa etapa concluyó el 10 de diciembre de 2007. Cristina Fernández de Kirchner llega con dos ejes fundamentales: calidad institucional y redistribución de la riqueza. Pero no le dieron respiro. No le dieron el handicap del que todo Gobierno nuevo disfruta.

–¿A qué se refiere?

–A los dos días aparece la valija de Antonini Wilson. Y con ella una construcción judicial/política de una clara intencionalidad. En pocas semanas estallan los reclamos de los productores agropecuarios. La frescura desaparece. Hubo cosas que no ayudaron. Esto lo digo con el más profundo respeto a las personas, pero continuar con el mismo Gabinete produce una captación del cansancio. Siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, que la primera alegría al gobierno de Cristina se la di yo con la denuncia por el intento de soborno contra la Ley de Tickets. El gobierno de Cristina Fernández no gozó del oxígeno que suelen tener los nuevos gobiernos.

–¿Qué lectura hace de lo que se llamó el conflicto del campo?

–Se trató de un sector que no sólo reclamaba por derechos económicos sino que quería condicionar lo que había votado el pueblo argentino. Lo más grave es que ese sector sigue al acecho. Los grandes perdedores de esta pulseada fueron los pequeños y medianos productores, que con la ley impulsada por el Ejecutivo iban a gozar de menos retenciones e importantes ventajas. El accionar de (Eduardo) Buzzi y (Alfredo) De Angeli sólo favoreció a los grandes productores y a las exportadoras. Algún día tendrán que hacerse cargo y dar cuenta de eso. Ellos fueron responsables directos de la profundización del proceso inflacionario.

–¿Qué tan importante es el Indec para una política inflacionaria eficaz y qué cambios habría que hacer?

–Yo creo que hay que recuperar la credibilidad del Indec. Pero ojo: hay muchos intereses cruzados que golpean contra el organismo y cada uno opera a favor de sus propios beneficios. Tampoco creo en la mayoría de los vaticinios privados sobre el porcentaje de aumento de los precios. El problema es la inflación, no el Indec.

–¿El Gobierno actúa en consecuencia?

–El Gobierno tiene especial preocupación por la inflación. El Ejecutivo impulsó el acuerdo del Bicentenario que procuró un consenso amplio con los diferentes actores económicos, y uno de los objetivos era contener la inflación. Lamentablemente, el ataque de las entidades agropecuarias lo complicó. Pero yo tengo bien estudiado el tema de la inflación. Estamos viviendo una inflación empujada por muchas empresas que procuran aumentar ganancias. A veces la avidez oculta la inteligencia. La rentabilidad promedio de las empresas durante el 2007 fue del orden de 20 por ciento. En EE.UU. fue de 8 por ciento y en Alemania del 3. Pero las empresas de acá generan inflación y rehúyen de las actualizaciones salariales. No jodamos.

–¿Cómo se actúa contra esa avidez?

–Hay que establecer un límite a la rentabilidad. Podría ser a través de una política de precios concertada o vía impuestos para que ese excedente retorne a los sectores más postergados. Tengo un proyecto de ley al respecto. En este caso utilizo una expresión para anticiparme a la respuesta de los sectores económicos. Esta ley no gravaría a quienes tienen renta extraordinaria ni a los que ganan mucho: sólo alcanzaría a los que ganan “muchiiiiiiiísimo”. El proyecto establece un impuesto del 10 por ciento sobre las ganancias de las empresas que superen el 20 por ciento de renta.

–Usted también impulsa otros proyectos que apuntan a devolverles derechos a los trabajadores.

–Sí. Uno de ellos fue aprobado por unanimidad en Diputados. Hoy los trabajadores en blanco que son despedidos pueden reclamar un subsidio por desempleo de 4, 8 o 12 meses, según la antigüedad. Pero el trabajador en negro, el más vulnerable, no recibe nada. Mi proyecto establece que ahora pueda reclamarlo. Sólo deberá ir a la Anses, presentar un testigo, información sumaria y enviar un telegrama a su ex empleador. No se necesitará prueba en juicio ni nada parecido. De esta manera, los trabajadores postergados recuperan derechos, el Estado puede armar un mapa del trabajo en negro, desalentamos los despidos porque el empleador sabe que finalmente la informalidad quedará descubierta e incluso los trabajadores se transforman en inspectores gratuitos a favor del trabajo de calidad. En el mismo sentido, también impulsamos el reconocimiento de las asignaciones familiares para los trabajadores en negro.

–La lucha contra el trabajo en negro es clave.

–Exactamente. Hay un excedente en el sistema de asignaciones familiares que a fin de año –de no ejecutarse– pasaría a rentas generales. Sería una lástima. Hay capacidad de pago y estrategia de recupero. Quien tiene trabajadores en negro es evasor en otras cosas. Es un delincuente. No nos engañemos. Nosotros les damos la excarcelación a esos empresarios, pero que paguen.

–A los empresarios locales tampoco les gusta su iniciativa para modificar la ley de seguros de
trabajo.

–Es verdad. Están que trinan. Pero volvemos a lo de la avaricia. Descalifican el proyecto porque dicen que favorecen la industria del juicio. Esto es una metodología de discusión que nació en Estados Unidos y se llama defensa canalla. No se refiere a los hinchas de Rosario Central, sino a descalificar al interlocutor para no discutir el pensamiento. Con la legislación vigente las indemnizaciones por accidente de trabajo son misérrimas. Lo que vivimos aún hoy es una ley de negocios que nació en el epicentro de la flexibilización laboral. Vocación pleitera hay en Estados Unidos y hasta por la cosa más insignificante. En la Argentina hay 4.600.000 trabajadores en negro, 1.500.0000 con salario “gris” y 1.000.000 con trabajo parcial. Queda claro que los trabajadores no están interesados en la industria del juicio.

–El proyecto de movilidad jubilatoria despertó muchas controversias. ¿Por qué votó a favor?

–Cuando hicimos las primeras cuentas los resultados que nos daban eran terroríficos: 3,8 por ciento de movilidad. Pero había un error. Cuando uno quiere tomar un promedio debe ilustrarse con la generalidad, no con lo excepcional. La fórmula de la ley divide por cantidad de beneficiarios. Si tomamos el período en el que se incorporaron 1.500.000 beneficiarios el resultado es pobre. Con nuestros datos, el reajuste anual rondaría el 20 por ciento. Por eso lo voté, más allá de que puede ser perfectible. Igualmente, hay algo que está muy claro: este gobierno está devolviendo un derecho arrebatado durante la década de los ’90. Cristina de Kirchner y Néstor Kirchner siempre obraron a favor de los trabajadores. Se podrá discutir más o menos, pero siempre a favor. A principio de la nota hablábamos de la etapa posterior a la 125. El Gobierno retomó la iniciativa. Queda claro con la movilidad jubilatoria, la estatización de Aerolíneas Argentinas y el pago al Club de París, discutiendo con responsabilidad el monto real. Tropezamos, nos voltearon, pero nos levantamos y seguimos con la misma decisión y en la misma dirección